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02 Nov 08
manolitovaldes pizziniLo cierto es que ya existe una política pública energética en Puerto Rico: la de perpetuar las estructuras de poder existentes en lo que a generación, distribución y consumo de energía se refiere. La misma garantiza 1) que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) seguirá siendo el actor principal en el proceso de toma de decisiones energéticas, 2) que su dominio de este proceso estará basado en la exclusión de sectores que atenten contra lo que es la misión de la agencia, y 3) que la AEE continuará siendo una agencia “capturada” por los intereses individuales de bonistas y un puñado de otros actores que se benefician del “status quo”.
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Lo cierto es que ya existe una política pública energética en Puerto Rico: la de perpetuar las estructuras de poder existentes en lo que a generación, distribución y consumo de energía se refiere. La misma garantiza 1) que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) seguirá siendo el actor principal en el proceso de toma de decisiones energéticas, 2) que su dominio de este proceso estará basado en la exclusión de sectores que atenten contra lo que es la misión de la agencia, y 3) que la AEE continuará siendo una agencia “capturada” por los intereses individuales de bonistas y un puñado de otros actores que se benefician del “status quo”.
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Los industriales, los constructores de hogares, los detallistas, los ambientalistas, las organizaciones profesionales, los importadores de petróleo, incluso la misma Autoridad de Energía Eléctrica, son algunos de los actores involucrados en el proceso de política pública energética de Puerto Rico. Todos, de alguna manera u otra, buscan lograr cursos de acción o inacción promoviendo su visión particular del asunto energético.
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Entonces, el sistema tiende a promover las soluciones que son más congruentes con las visiones de los actores que dominan el proceso.
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El concepto de captura fue acuñado en los años setenta por el activista de los derechos del consumidor, Ralph Nader, y explica el proceso a través del cual intereses privados pretenden dominar las acciones de agencias públicas que supuestamente velaban por el bien común.
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Lamentablemente, la teoría de grupo explícitamente reconoce que la agregación de acciones individuales no necesariamente redunda en beneficios colectivos. Es más, sugiere que es racional para el individuo NO hacer nada que redunde en beneficios colectivos.
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Esta asimetría del poder se debe en parte a nuestro sistema pluralista de grupos de interés y a nuestra cultura política.
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Trágicamente, en su visión fragmentada, tanto el gobierno como los intereses privados no comprenden que el éxito de muchas de sus iniciativas descansa en la apertura y ¡la inclusividad!
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Lograr una política pública energética sostenible requiere un cambio radical en nuestros procesos decisionales. Requiere expandir el horizonte de discusión y deliberación, aumentando la capacidad de los actores envueltos en el proceso y en última instancia el establecimiento de nuevas metas, no sólo para nuestras agencias públicas, si no para todos como sociedad. Las mismas no sólo deben estar basadas en el mejor conocimiento técnico y científico, si no también en la sensitividad necesaria hacia el bienestar social, económico y ambiental de Puerto Rico.
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